En una misma semana de diciembre, dos embarcaciones venezolanas con destino a Cuba tuvieron suertes radicalmente distintas. Mientras Washington anunció la confiscación de un carguero con petróleo dirigido a la isla, otro buque procedente de La Guaira atracó sin contratiempos en un puerto cubano con 27 contenedores de ayuda humanitaria. La coincidencia volvió a poner sobre la mesa un debate recurrente en La Habana y Caracas: por qué ciertos cargamentos cruzan el Caribe bajo estricta vigilancia y otros navegan sin obstáculos. La escena ocurrió a mediados de mes, en medio del ruido político provocado por la incautación del “mega petrolero” venezolano —un caso que incluso generó declaraciones airadas desde el gobierno de Nicolás Maduro— y el silencioso avance del barco que sí logró llegar a destino. Un envío humanitario que sí cruzó el Caribe El carguero que arribó a la isla formó parte de la cadena de asistencia que Venezuela ha articulado desde finales de octubre, tras el paso del huracán Melissa, que golpeó con fuerza el occidente cubano. Desde entonces, Caracas ha desplegado aviones y cuatro barcos con alimentos, materiales de construcción, equipos eléctricos, brigadas técnicas y suministros de emergencia. El más reciente envío zarpó el 9 de diciembre, cargado con mobiliario, herramientas y materiales destinados a apoyar la recuperación de viviendas e infraestructuras dañadas. Según el Ministerio de Transporte venezolano, la operación se enmarca en los mecanismos de cooperación de la Alianza Bolivariana, un esquema que, aunque disminuido en influencia, mantiene activos los corredores de apoyo en situaciones de crisis. Petróleo bajo sanciones: el ingrediente que lo cambia todo La diferencia entre ambos cargamentos no radica en la bandera del barco, sino en su contenido. El petróleo que Venezuela envía a Cuba circula bajo un complejo entramado de sanciones financieras y comerciales que otorga a Estados Unidos un margen considerable para incautar cargamentos si identifica que se violan disposiciones relacionadas con PDVSA o con el transporte de combustible hacia la isla. En estos casos, el Departamento de Justicia suele argumentar que pagos, aseguradoras o intermediarios han operado fuera de las normas impuestas por Washington. Cada envío puede derivar en litigios en tribunales federales y en procedimientos coordinados con otros países que colaboran en el cumplimiento del marco sancionador. La ayuda humanitaria transita por otro corredor La asistencia destinada a emergencias, en cambio, se mueve en un canal regulatorio distinto. Aun en escenarios de tensiones diplomáticas, Estados Unidos evita bloquear cargamentos que se presentan como ayuda post-desastre, siempre que cumplan las reglas básicas de transparencia portuaria y financiera. Para este tipo de envíos, el Departamento del Tesoro suele otorgar permisos específicos o exenciones, con el fin de mantener abierto un corredor humanitario mínimo hacia Cuba sin flexibilizar sustancialmente su política de presión sobre La Habana y Caracas. El resultado es un equilibrio delicado: una excepción controlada dentro de un régimen más amplio de sanciones. La balanza entre política y emergencia Así, mientras un buque petrolero quedó atrapado en la maraña sancionadora, el barco con 27 contenedores de suministros avanzó por un carril ya habitual entre ambos gobiernos. La asistencia venezolana —que supera las 12.000 toneladas desde el paso del huracán— pudo entrar al país porque se inserta en un espacio donde las tensiones políticas se moderan lo justo para no agravar una crisis humanitaria. En el Caribe, dos barcos viajaron hacia un mismo destino. Uno chocó con la geopolítica; el otro navegó por el único corredor donde la política se suaviza, aunque sea por necesidad.