Santiago de Cuba vuelve a estar en el centro del debate nacional tras salir a la luz una denuncia ciudadana que revela un esquema de corrupción que opera abiertamente dentro de la terminal de ómnibus y ferrocarriles. Lo que debería ser un servicio público básico —la venta de pasajes hacia La Habana— se ha convertido en un negocio paralelo manejado por un entramado ilegal que lucra con la necesidad de viajar. Pasajes que nunca llegan al pueblo Según los testimonios, los boletos no están llegando al sistema oficial como corresponde. En su lugar, son acaparados por intermediarios que compran cantidades significativas para luego revenderlos en el mercado negro por hasta 6,000 pesos cubanos, una cifra inalcanzable para la mayoría de los santiagueros. La consecuencia directa es una población atrapada entre largas colas, esperas interminables y precios abusivos que condicionan incluso necesidades básicas como trabajar, estudiar o atender emergencias familiares. Señalamientos directos a miembros de la Policía Uno de los elementos más delicados de la denuncia es la presunta participación de agentes policiales, quienes —según los reportes— estarían emitiendo certificados falsos asociados al carné de identidad. Estos documentos permitirían que personas sin identificación real puedan abordar ómnibus y trenes, facilitando el negocio ilícito y protegiendo a quienes lo operan. Este mecanismo no solo alimenta el tráfico ilegal de pasajes, sino que abre la puerta a un sistema paralelo que funciona sin control, sin transparencia y, lo más preocupante, sin consecuencias visibles. Una estructura que toca varias instituciones La trama, de acuerdo con la denuncia, involucra a trabajadores de: La terminal de ómnibus La administración de ferrocarriles El departamento de reservaciones Y la propia Policía La sobrerreserva deliberada, el desvío de boletos y la venta organizada se describen como prácticas “diarias y conocidas”, incluso por jefes y responsables de estas áreas. Pese a ello, no se reportan acciones efectivas para desmantelar el esquema. Ciudadanos indefensos frente a un servicio capturado por la corrupción En un contexto donde los salarios apenas alcanzan para cubrir lo básico y las opciones de movilidad son cada vez más limitadas, la población queda atrapada en un sistema que favorece a pocos y castiga a muchos. Para los santiagueros, viajar no debería ser un lujo. Sin embargo, la corrupción ha convertido un derecho ciudadano en un privilegio reservado para quienes pueden pagar cifras desorbitantes o acceder a contactos dentro de la red clandestina. Una realidad que se repite “a la vista de todos” La denuncia vuelve a poner sobre la mesa un problema que afecta no solo a Santiago, sino a terminales de todo el país: la fragilidad de los servicios públicos ante estructuras corruptas que operan sin freno. Mientras tanto, quienes realmente necesitan viajar continúan esperando una solución que parece tardar más que cualquier ómnibus.