En una medida que marca un giro más estricto en la política migratoria de Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha anunciado nuevas directrices que endurecen la revisión de antecedentes penales para quienes solicitan asilo o refugio en el país. La normativa, que entra en vigor de inmediato, busca frenar el fraude migratorio y reforzar la seguridad nacional. Nuevas reglas, mayor escrutinio La actualización afecta directamente a quienes presentan el Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o ajuste de estatus. Bajo las nuevas disposiciones, los solicitantes enfrentarán verificaciones más exhaustivas, especialmente si existen dudas sobre su identidad o si provienen de países considerados de alto riesgo por su vinculación con el terrorismo. Además, aquellos que tengan registros migratorios inconsistentes o antecedentes penales podrían ser convocados a entrevistas adicionales y más rigurosas. Las autoridades recalcan que los resultados de huellas dactilares jugarán un papel decisivo a la hora de determinar la necesidad de estas entrevistas. Enfocados en la seguridad Uno de los puntos más sensibles de esta reforma es la prioridad otorgada a la vigilancia de solicitantes procedentes de países designados como patrocinadores del terrorismo. Estos casos serán sometidos a una evaluación más estricta para garantizar que no existan vínculos con organizaciones extremistas. Asimismo, USCIS ha indicado que cualquier ambigüedad en los formularios o inconsistencias en la información brindada serán motivo de investigación profunda. El objetivo es "alinear estos procesos con las prioridades de seguridad del país", evitando que individuos potencialmente peligrosos logren establecerse legalmente en Estados Unidos. Procesos más largos y complejos Aunque la agencia asegura que estas medidas buscan fortalecer la integridad del sistema, advierte que también podrían traducirse en mayores demoras y un proceso más complejo para quienes buscan protección humanitaria. Los solicitantes deberán prepararse para tiempos de espera más prolongados y mayores exigencias en la presentación de pruebas. Un reflejo de la política migratoria actual Este anuncio ocurre en un contexto de políticas migratorias más duras impulsadas por la administración del expresidente Donald Trump, que ha dejado una huella persistente en la gestión migratoria del país. Medidas como la Ley Laken Riley, que permite la detención inmediata de indocumentados acusados de delitos graves, y el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar migrantes a terceros países, reflejan una tendencia de mano dura que se mantiene vigente. ¿Qué pueden hacer los solicitantes? Frente a este nuevo escenario, abogados de inmigración recomiendan a los solicitantes prepararse con documentación sólida, mantener su historial migratorio limpio y responder con total claridad durante los procesos. Contar con asesoría legal será clave para navegar un sistema que, a partir de ahora, exigirá aún más transparencia y pruebas contundentes de elegibilidad. Estas medidas, aunque justificadas por razones de seguridad, han generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes temen que solicitantes legítimos vean obstaculizado su acceso a la protección internacional. Mientras tanto, USCIS insiste en que el objetivo no es cerrar las puertas, sino asegurar que quienes las crucen lo hagan conforme a la ley y sin representar un riesgo para el país.